La decisión de la funcionaria tiene como objetivo principal lograr que se levante el velo corporativo y perseguir los bienes de los socios de los Nule con el fin de resarcir a la nación por los daños causados. Un estimativo de la Contraloría señala que el daño patrimonial causado por las empresas del Grupo Nule superan los $300.000 millones.
La Contraloría sostiene que a pesar de que han sido de conocimiento general no sólo los procesos sino los fallos sobre la responsabilidad penal de los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, así como de su primo Guido Nule Mariño, los bienes de los socios no han podido ser perseguidos para el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público causado al Estado.
Esto se ha dado, según el ente fiscalizador, por la existencia del "Velo Empresarial”, que no permite ir más allá de la persona jurídica, dejando sin posibilidad de perseguir bienes de socios, y asegura que ninguna de las autoridades con competencia legal para levantarlo, lo ha hecho.
"Estas autoridades, como el Honorable Tribunal de Cundinamarca, han omitido la petición de 'levantamiento del velo corporativo' dentro de una Acción Popular instaurada por la Contraloría General de la República - la cual completa dos años sin que se haya pasado de la primera Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual además no se realizó", dice un comjunicado de la Contraloría, que señala que también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades para solicitar su levantamiento, decisió que todavía no se ha tomado todavía.
Además, el organismo reveló que le pidió a la Supersociedades decretar medidas cautelares sobre los bienes de los Nule y que la única respuesta que ha obtenido es que como requisito previo para ordenar el embargo y secuestro sobre bienes y activos de los Nule, la Contraloría debe pagar una caución por $1.500 millones, cifra que le es imposible cubrir.
El organismo de control espera que con esta acción de tutela se logren avances que no se han conseguido por otros medios y que se tome una decisión en un término no superior a los 10 días hábiltes para que los jueces colaboren en la protección del patrimonio público de los colombianos, que según la Contraloría fue "despellejado" por los Nule a través de su cerca de 15 empresas y de los socios de éstas que se prestaron para el desgreño económico.
Entre las acciones interpuestas por la Contraloría para evitar la pérdida de millonarios recursos por el descalabro del Grupo Nule están las siguientes: Acción Popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dos peticiones en Acciones Revocatorias ante la Superintendencia de Sociedades, acción de Responsabilidad Subsidiaria ante la Superintendencia de Sociedades; denuncia por el presunto delito de lavado de activos y solicitud de extinción de dominio ante la Fiscalía General de la Nación, entre otras.
La Contraloría sostiene que a pesar de que han sido de conocimiento general no sólo los procesos sino los fallos sobre la responsabilidad penal de los hermanos Manuel y Miguel Nule Velilla, así como de su primo Guido Nule Mariño, los bienes de los socios no han podido ser perseguidos para el efectivo resarcimiento del daño al patrimonio público causado al Estado.
Esto se ha dado, según el ente fiscalizador, por la existencia del "Velo Empresarial”, que no permite ir más allá de la persona jurídica, dejando sin posibilidad de perseguir bienes de socios, y asegura que ninguna de las autoridades con competencia legal para levantarlo, lo ha hecho.
"Estas autoridades, como el Honorable Tribunal de Cundinamarca, han omitido la petición de 'levantamiento del velo corporativo' dentro de una Acción Popular instaurada por la Contraloría General de la República - la cual completa dos años sin que se haya pasado de la primera Audiencia de Pacto de Cumplimiento, la cual además no se realizó", dice un comjunicado de la Contraloría, que señala que también inicio procesos ante la Superintendencia de Sociedades para solicitar su levantamiento, decisió que todavía no se ha tomado todavía.
Además, el organismo reveló que le pidió a la Supersociedades decretar medidas cautelares sobre los bienes de los Nule y que la única respuesta que ha obtenido es que como requisito previo para ordenar el embargo y secuestro sobre bienes y activos de los Nule, la Contraloría debe pagar una caución por $1.500 millones, cifra que le es imposible cubrir.
El organismo de control espera que con esta acción de tutela se logren avances que no se han conseguido por otros medios y que se tome una decisión en un término no superior a los 10 días hábiltes para que los jueces colaboren en la protección del patrimonio público de los colombianos, que según la Contraloría fue "despellejado" por los Nule a través de su cerca de 15 empresas y de los socios de éstas que se prestaron para el desgreño económico.
Entre las acciones interpuestas por la Contraloría para evitar la pérdida de millonarios recursos por el descalabro del Grupo Nule están las siguientes: Acción Popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dos peticiones en Acciones Revocatorias ante la Superintendencia de Sociedades, acción de Responsabilidad Subsidiaria ante la Superintendencia de Sociedades; denuncia por el presunto delito de lavado de activos y solicitud de extinción de dominio ante la Fiscalía General de la Nación, entre otras.
